Tras 18 años de operaciones, el Centro de Recaudaciones de Ingresos Municipales (CRIM) se enfrenta a una reestructuración para remediar las deficiencias operacionales que tiene molestos a muchos alcaldes.

Un comité de la Federación de Alcaldes busca dar forma a las inquietudes de los primeros ejecutivos municipales para, tan pronto como en agosto, someter a la Legislatura una propuesta para economizar en los gastos operacionales del CRIM y agilizar sus funciones.

Los alcaldes se quejan de que muchos municipios, principalmente los grandes, pierden millones de dólares anuales de la contribución sobre la propiedad mueble e inmueble que se supone el CRIM cobre a los contribuyentes. Esos dineros no entran a las arcas municipales debido a los atrasos en las tasaciones de propiedades y su cobro. San Juan nada más ha dejado de devengar más de $50 millones al año, según el alcalde Jorge Santini.

“El CRIM no es funcional, pero podemos lograr cosas sin romper lo que está hecho”, dijo Héctor O'Neill, presidente de la Federación de Alcaldes. “Es reestructurarlo. Tenemos un 'staff' de seis asesores trabajando con eso”, sostuvo el alcalde de Guaynabo.

Mal arranque

El CRIM, que hoy emplea a 650 personas, ha sufrido tropiezos desde que se creó en 1993. La Ley 80 lo faculta para segregar las propiedades muebles e inmuebles en el catastro digital, tasar las propiedades y recaudar las contribuciones sobre estas para remesarlas a los municipios.

El CRIM heredó estas funciones del Departamento de Hacienda. Pero entonces llovían las quejas de alcaldes y contribuyentes por los atrasos en las tasaciones e irregularidades en el cobro. Los alcaldes también desconocían cómo Hacienda distribuía los recaudos.

“Existía mucho malestar. Hacienda no era efectivo cobrando esos ingresos de los municipios”, relató Javier Jiménez, presidente de la Junta de Gobierno del CRIM y alcalde de San Sebastián.

El CRIM nació como una estructura independiente para ayudar a los municipios a lograr más autonomía mediante el control de sus principales fuentes de ingresos.

Entonces algunos alcaldes y legisladores rechazaron la idea. O'Neill, quien a principios de 1990 era senador, consideraba que estaban pasando un problema de Hacienda a una entidad de los alcaldes. También hubo desacuerdo en que el CRIM fuera manejado por una Junta de Gobierno dominada por el partido que estuviera en el poder, lo que atentaba contra una política pública clara dirigida a mejorar las finanzas de los municipios a través de las recaudaciones sobre la propiedad.

Una idea mejor, según O'Neill, era que los municipios hicieran las tasaciones y se creara una pequeña estructura a cargo de revisarlas y mantener el catastro. Pero esa alternativa quedó en nada.

Nació, entonces, el CRIM. Esta entidad, que tiene hoy 1.2 millones de propiedades residenciales y comerciales registradas en su sistema, se nutre de la contribución sobre la propiedad mueble e inmueble, el subsidio general de 2.5% que provee el gobierno central de las rentas internas netas y del 35% de los ingresos netos de la Lotería Electrónica. Para cubrir sus gastos operacionales, los 78 municipios aportan cada uno un 5% de sus ingresos.

Del total recaudado, una porción se distribuye entre los municipios, otra al gobierno central y al Banco Gubernamental de Fomento. “Cada municipio establece un tipo contributivo, que tiene unos topes, y eso es lo que reciben directamente. Dependiendo del año que esté pagando el contribuyente así será la distribución a los municipios. No es algo fijo”, dijo la directora ejecutiva del CRIM, Gloria Santos.

En el año fiscal 2009-2010, el CRIM recaudó - de sus tres fuentes de ingreso y otras contribuciones, un total de $1,181 millones, de los cuales distribuyó $796 millones a los municipios. Para este año 2010-2011 proyecta recaudar $1,182 millones y distribuir menos que el año pasado $783 millones a los municipios.

La transición de Hacienda al CRIM fue difícil. El CRIM absorbió de Hacienda una lista de deudas por cobrar de cerca de $490 millones. Los atrasos en las tasaciones continuaron, según Jiménez, al tener pocos tasadores que hacían en promedio cuatro tasaciones por semana cada uno. Dos años después de arrancar, en 1995, el CRIM recibió otro golpe con el arresto de varios de sus funcionarios y contratistas por fraude en un proyecto para digitalizar el proceso mediante el cual se incorporan las propiedades al catastro. Este escándalo desalentó a los contribuyentes, ocasionó pérdidas a los municipios y atrasó por más de ocho años las funciones encomendadas al CRIM.

Molesto San Juan

Aunque varias administraciones de los partidos políticos principales han tratado de mejorar las operaciones del CRIM, como aumentando a 110 la plantilla de tasadores en la Isla, los problemas de tasación y cobro persisten. Tanto así, que hoy el CRIM ya tiene una lista de deudas por cobrar de $2,300 millones, según informes de esta agencia, y se estima que la mitad de estas jamás será cobradas.

“El CRIM no sirve, no funciona”, dijo Santini, el alcalde de San Juan, quien lleva peleando con el CRIM siete de los 10 que lleva como alcalde.

Dio como ejemplo que dos contribuyentes comerciales tienen una deuda con San Juan de $33 millones en propiedad mueble. El CRIM no las ha cobrado aunque el municipio se lo notificó, dijo.

El 5% que San Juan aporta al CRIM para sus gastos operacionales representan $6.3 millones anuales, casi un 30% de lo que operacionalmente tiene el CRIM. De acuerdo con Santini, “el municipio no recibe los servicios esperados del CRIM”, cuya misión es ayudar a los municipios en la administración de sus ingresos.

“La directora ejecutiva del CRIM, Gloria Santos, no toca la propiedad mueble, no está tasando mejoras, ni segundas plantas, lo comercial ni lo industrial. Yo soy dueño del CRIM porque pago un 30% de lo que operacionalmente tienen pero por esa ineficiencia quiero salirme del CRIM porque no sirve”, expuso, Santini, quien mantiene una demanda contra el CRIM por $60 millones.

Bayamón y Guaynabo también están molestos. “Guaynabo no se beneficia porque hay propiedades de nueva construcción sin tasar aún”, dijo O'Neill. “Pueden haber negocios que hayan cerrado pero otros han abierto”, dijo el alcalde bayamonés, Ramón Luis Rivera, quien señaló que los municipios han tenido que hacer funciones de investigar y tasar. San Juan, por ejemplo, montó hace cinco años una estructura 50 empleados y ha tasado 4,000 propiedades. Esa estructura le ha costado $4 millones al municipio.

“Los municipios grandes están cargando con los municipios pequeños. Yo no tengo problema con eso, lo que no podemos permitir es que el CRIM siga haciendo cosas que no ayudan en nada a los municipios”, dijo O'Neill, cuyo municipio aporta casi $7 millones anuales.

Propuestas sobre la mesa

Para buscar solucionar estos problemas, varias propuestas están siendo estudiadas.

Una ya existe y es un proyecto de ley para que al menos San Juan pueda separarse del CRIM. El proyecto cameral 3465 no tuvo todos los votos en la pasada sesión legislativa y será reconsiderado en agosto.

Otra idea que se está estudiando es eliminar las nueve oficinas regionales del CRIM y transferir mas funciones de tasación a los municipios, sostuvo O'Neill. De hecho, hoy día, muchos municipios realizan este tipo de función pues tienen convenios con el CRIM.

Pero los municipios pequeños como Camuy y Juncos, no ven viables estas alternativas. Para el alcalde de Camuy, Edwin García, el 50% del presupuesto municipal entra de las remesas que le da el CRIM por lo que desmantelar esa entidad afectaría sus arcas ya que no tiene el dinero para contratar personal que realice esas funciones.